Instituto de previsión social buenos aires

TEMPORADA 2, EPISODIO 2: Introducción a la ecopolítica mundial 2

La Administración Nacional de la Seguridad Social (español: La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es un organismo de seguridad social descentralizado del Gobierno argentino, dependiente del Ministerio de Salud y Desarrollo Social,[4] que es el principal administrador de la seguridad social y de otras prestaciones sociales en Argentina, incluyendo los subsidios familiares y a la infancia, y el seguro de desempleo.

La mayoría de los programas sociales públicos de Argentina, aparte de los relacionados con la salud y la vivienda, son administrados por la ANSES. Alrededor del 95% de los ancianos argentinos (5,7 millones) reciben pensiones de la ANSES,[5] cuya cuantía se ajusta semestralmente[6] Los argentinos que forman parte de la población activa y que ganan menos de 5.200 pesos (us$350) mensuales, tienen derecho a prestaciones por matrimonio; por embarazo, nacimiento o adopción de un hijo; por licencia de maternidad o cuidados prenatales; y por discapacidad de un hijo o cónyuge, así como a un modesto subsidio de seguro de desempleo de hasta 6 meses[7]. [7] El programa más importante de alivio de la pobreza administrado por la ANSES es la Asignación Universal por Hijo. La prestación, de 340 pesos (us$70) mensuales por niño, se asigna a 3,6 millones de niños menores de 18 años (el 30% del total del país), e incluye el depósito del 20% del cheque en una cuenta de ahorro a la que sólo se puede acceder una vez que se certifique la vacunación del niño y su inscripción en la escuela[8][9] El programa fue presupuestado en unos us$2. Otros programas recientes son Conectar Igualdad, que prevé la compra de 3 millones de netbooks para estudiantes y profesores de secundaria;[10] y PRO.CRE.AR, una iniciativa de hipotecas subvencionadas para prestatarios de ingresos moderados, en gran medida excluidos del restringido mercado crediticio del país[11].

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El Instituto Nacional de la Seguridad Social interpuso un recurso interlocutorio con fundamento en el Código de Procedimiento Civil y en los estatutos del Supremo Tribunal Federal contra la decisión confirmada por este mismo tribunal en septiembre de 2005, en la que se afirmaba que la cuestión debatida no ofendía directamente a la Constitución y requería el reexamen de las pruebas y, por lo tanto, no podía ser analizada en un recurso extraordinario, manteniendo, así, la decisión del tribunal inferior a favor de la demandada, la Sra. Santos. Decisión que le concedió el beneficio de asistencia económica que había solicitado, a pesar de recibir una pensión mensual que, según ella, era insuficiente para sus necesidades médicas.    El Supremo Tribunal Federal se pronunció en contra de la admisión del recurso extraordinario por la falta de ofensa directa a la Constitución. El Supremo consideró que los argumentos esgrimidos por la demandada demostraban un incumplimiento de la Ley 8.742 y sólo indirectamente de la Constitución.

El Supremo Tribunal Federal, en una decisión unánime, dictaminó que era imposible analizar por medio de un recurso extraordinario las ofensas indirectas a la Constitución. El Tribunal entendió que la ofensa a la Constitución sería indirecta por tratarse de una violación a la Ley 8.742/93, que regula la Asistencia Social y la asistencia continuada a los necesitados económicos en su párrafo 3º del artículo 20.    A pesar de que la Ley 8.742/93 ha sido redactada en cumplimiento del artículo 203 de la Constitución Federal, no se puede argumentar que se esté violando directamente un mandato constitucional. El Tribunal, por estos motivos, desestimó el recurso extraordinario.

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Alcance geográfico:  LocalFecha ejecución inicio: 2007Fecha ejecución fin: 2012Objetivos:  Crear oportunidades de inclusión social y laboral, con prácticas cualificadas realizadas en un entorno laboral que permita la adquisición de las competencias requeridas para cada ocupación.

Población objetivo: Jóvenes de 18 a 24 años, de sectores vulnerables, con escaso acceso al empleo por carecer de bachillerato completo y no tener formación o experiencia laboral acreditada.

La práctica calificadora comprende una fase de formación teórica en habilidades y técnicas básicas y otra en un entorno laboral real. La duración varía de 3 a 10 meses, 6 horas diarias y 30 semanales. Los jóvenes reciben formación en salud y seguridad en el trabajo, en informática, en la elaboración del currículum vitae y en la búsqueda de empleo. Los participantes reciben un certificado expedido por la empresa y el Ministerio de Trabajo.

Oficina de la Seguridad Social de Argentina

Representantes del gobierno, de organismos internacionales y de la academia participarán del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2022 en el Segundo Seminario Regional sobre Desarrollo Social, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el marco de la colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el trabajo conjunto con la Cooperación Alemana y el Fondo para el Desarrollo en Transición de la Unión Europea. El seminario de tres días se titula “La seguridad social y la crisis prolongada: Una oportunidad para combatir la desigualdad en el marco de un Estado de Bienestar en América Latina y el Caribe”.

La sesión inaugural tendrá lugar el martes 30 de agosto a las 14 horas locales de Chile (GMT-4) y contará con la participación de Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo en funciones de la CEPAL; Fabio Bertranou, Director de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina; Carissa F. Etienne, Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS); Volker Oel, Comisario para América Latina del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania; y Jutta Urpilainen, Comisaria de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea. Alberto Arenas de Mesa, Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, actuará como moderador.

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